viernes, 1 de noviembre de 2013

Las extrañas fuerzas que mueven el crédito

El crédito es escaso. Viene siéndolo desde hace muchos meses. Los máximos del concedido por las entidades bancarias se alcanzaron a finales de 2001 y, desde entonces, no han dejado de caer hasta ahora. Según los últimos datos publicados por el Banco de España, sobre julio de 2013, el crédito concedido por estas instituciones ha descendido en un 6,3% pero no lo ha hecho para todos por igual. El sector privado y el exterior han visto caer dicho volumen en un 16,3% y un 19,2% respectivamente, mientras que el sector público lo ha visto crecer en un 32,3%.

Está claro que mientras haya déficit públicos elevados, las Administraciones van a ir canibalizando el crédito a las actividades productivas. Sin embargo, eso no bastaría para explicar la reducción conjunta de la financiación que otorgan las entidades. Fijémonos para ello en que, en igual periodo de tiempo, el patrimonio neto de las entidades, la base de lo que se denominan los recursos propios de las entidades y el componente de los mismos que más ha crecido por obligación legal desde mediados de 2010, se ha visto aumentado en un 17,1% (o en un 50,4% si nos retrotraemos a dichos mediados de 2010).

Con estos antecedentes, nos cuesta ver un crecimiento del crédito antes del 1 de enero de 2018. Algunos nos lo reprocharán muy largo y otros demasiado preciso. La fecha no está elegida al azar. Recientemente, el pasado 27 de junio de 2013, se publicó el nuevo Reglamento (UE) sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión. Las nuevas exigencias de recursos propios derivadas de dicha norma, de aplicación directa en los países miembros de la Unión Europea, comienzan el próximo 1 de enero y concluyen ese mismo día pero de 2018. A lo largo de ese periodo de cuatro años los requerimientos de recursos propios, y especialmente del componente de los mismos que es el patrimonio neto de las entidades, irán en constante aumento y, como es conocido, a un mayor requerimiento de solvencia de las entidades, corresponde una menor capacidad de crédito.

Al fin y al cabo, y con independencia de otras florituras técnicas, la forma más evidente de visualizar la solvencia de una entidad o de un individuo, es la relación entre su endeudamiento y su patrimonio neto. Está claro que si le exigimos más patrimonio neto, en términos relativos, en el corto plazo, y cuatro años son pocos para la exigencia que recoge el Reglamento, deberá reducir su endeudamiento y como el crédito se fabrica, por decirlo así, mezclando en las proporciones establecidas legalmente, dichos patrimonio neto y endeudamiento, aquélla magnitud, la de crédito, deberá ser menor.

Para confirmar lo anterior, sólo tienen que ver que en el periodo que analizamos (diciembre 2011-julio de 2013) los depósitos en las entidades del sector privado y del exterior se han reducido en un 4,9% y en un 34%, respectivamente, para entender los problemas de liquidez que aquejan al primero y la desconfianza que lo hace al segundo. Sin embargo, las Administraciones Públicas han aumentado dichos depósitos en un 14,2%. Está claro que la crisis de liquidez no es igual para todos: unos reducen las facilidades crediticias recibidas y sus disponibilidades de fondos, otros las aumentan.

El origen de este trato desigual bien podrían pensar algunos que se debe a la diferente percepción que del riesgo que se asume con privados y con públicos tiene el sector financiero. Sin embargo, la razón principal, muy principal añadiría yo, no es esa. La razón está en el trato desigual que la regulación da a las exigencias de recursos propios para financiar al primero respecto del segundo, puesto que en este caso no existen, mientras que para el anterior sí y de manera creciente, como hemos visto.

Sin embargo, es cierto que el tratamiento que se pretende dar en el Reglamento a los títulos de deuda pública, en tanto en cuanto sus minusvalías comienzan a descontar de las reservas de las entidades, pueden ser una primera aproximación a la limitación de la inversión en tales títulos por parte de la normativa, pero claro para ello será necesario, en cualquier caso, que las Administraciones Públicas comiencen a comprender que es posible que sus nuevos déficit pueden llegar a tener serias dificultades de ser financiados y que no pretendan continuar con la competencia desleal frente a otros peticionarios del crédito a través de la correspondiente legislación.

Más relevante, en mi opinión, sería abandonar la actual ponderación de riesgo (0%) de que disfruta la deuda pública, máxime cuando ya los estados no son emisores de la moneda en la que está cifrada su deuda, es decir: ya no pueden fabricar los papelitos con los que pagan, que es el origen de sus tensiones en los mercados. Un estado que no puede emitir la moneda en la que cifra sus deudas es un deudor como otro más.

Luego está la cuenta de resultados del sector, que siguen sin estar para alegrías. Desde finales de 2008, en que se alcanzaron los máximos y estalló la crisis, hasta el cierre del primer semestre de 2013, el beneficio de los bancos y cajas se ha reducido en casi un 80%. Sin embargo, hay que reconocer que algo ha cambiado: este año se están publicando beneficios 3.735 millones de euros en el primer semestre, frente a los 92.242 millones de euros que se perdieron en los años 2011 y 2012, que erosionaron fuertemente el patrimonio neto de las entidades.

Para hacerse una idea del desastre que supusieron esas pérdidas sólo habría que recordar que en el trienio 2008 a 2010 los beneficios fueron de 41.050 millones de euros. Dicho de otro modo, las pérdidas que por fin se reconocieron en los dos ejercicios inmediatos anteriores a éste, supusieron una reducción de los recursos propios, y por ende de la capacidad de otorgar crédito de las instituciones, al margen de los cambios regulatorios comentados anteriormente.

La mejora de los beneficios viene explicada por el abandono de la práctica de avestruz de los años 2009 y 2010, en los que no se reconocieron casi pérdidas por impago, para al final aflorarlas en el bienio siguiente: así se pasó de reconocer un deterioro de activos en el primero de dichos bienios de 12.734 millones de euros a otro de 55.181 millones de euros en el segundo.

Nos encontramos pues con tres fuerzas que operan sobre el crecimiento del crédito. Por un lado un aumento de los requerimientos legales de solvencia a las instituciones bancarias, que actúa como restrictor del mismo. Un continuo déficit de las administraciones públicas, que a pesar de algunas limitaciones que le pueda imponer la nueva regulación comentada, goza de un trato privilegiado en la misma, por lo que absorberá la nueva financiación disponible, e incluso desplazará a la existente al sector privado.

Por último, una recuperación de la rentabilidad de los bancos, lo que permitirá que aumenten sus recursos propios, tanto orgánicamente como a través del recurso a un mercado cada vez más confiado, lo que generará un efecto contrario a los dos anteriores, pero no suficiente para contrarrestarlos y superarlos en los próximos años.

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