Las amenazas para la banca

En tiempos de turbación, no hacer mudanza es la conocida máxima ignaciana que parece que no opera en nuestro panorama sociopolítico ni, por ende, en el legislativo ni en el bancario. Es difícil en un panorama tan convulso hacerse a la idea de hacia dónde camina nuestro sector bancario. Tal vez más que poder hablar de cuál puede ser su situación final, podamos hablar de las amenazas que se ciernen sobre el mismo.

La concentración. Estamos asistiendo a una concentración del sector bancario. La concentración no es buena en ningún sector a pesar de la pasión de las autoridades económicas por favorecerla en el de las entidades de depósito. Las crisis no las provocan nunca la caída de las pequeñas entidades, sino de las grandes, las llamadas sistémicas. Sin embargo, parece que junto a un pequeñísimo grupo de entidades muy grandes puede subsistir otro, relativamente amplio en número, de muy pequeñas entidades (en el caso español claramente identificado con el de las cajas rurales) que todavía nos puedan hacer creer que hay algo de competencia en el mercado.

El mercado bancario es un mercado altamente intervenido. Las entidades ejercen la actividad no sólo sometidas a la autorización previa, sino a un control de precios y cantidades que, por mor de la actuación del banco central, podemos calificar de indicativo.

Sin embargo, ese control indicativo comienza a ser un control grosero, como demuestran las actuaciones del Banco de España tendentes a establecer una fijación en el precio de los depósitos bancarios. Teníamos una pequeña libertad de precios que ahora se reduce, si a eso le añadimos la reducción del número de entidades, antes comentado, y la concentración de una gran cuota del mercado en unas pocas entidades, nos encontramos con un panorama en el que el consumidor de servicios bancarios ve muy reducida su capacidad de influencia a la hora de contratar.

Inseguridad jurídica. Esta es la mayor amenaza para el sector y, lo que es más grave, para el buen funcionamiento de los mercados y de la sociedad en su conjunto. Puede que las actuaciones de la banca no hayan sido todo lo ajustadas a derecho o éticas, que no es lo mismo aunque debieran serlo en muchos casos, que debieran ser. Sin embargo, no podemos movernos en un universo mutante en lo que al Derecho que se aplica a las entidades y a las relaciones con ellas.

Comencemos por el principio: el Derecho que se aplica a las entidades está cambiando en todo momento. Los cambios, por ejemplo, en la regulación que afecta a su solvencia o en el régimen de reconocimiento contable de los deterioros de sus activos está en todo momento en entredicho.

Las modificaciones legales en estos aspectos son constantes lo que no permite una mínima planificación de la gestión de las instituciones. Un buen gestor puede enfrentarse a lo que caracteriza al mercado: su evolución constante, pero no a un marco legal permanentemente en cambio.

Además, un marco legal siempre en revisión cambia lo que debería ser una gestión de carácter económico por otra de carácter meramente político. Las ventajas no se obtienen del mercado, sino del legislador. De este modo, el maridaje que se ha producido entre la dirección de las entidades y la dirección política de la Administración, que tantas críticas ha suscitado por los riesgos que supone y los resultados en que se ha concretado en el pasado reciente, aumenta.

Luego está el Derecho que se aplica a las relaciones de las entidades con terceros. La contratación con los bancos bien puede haber sido muy defectuosa, pero no podemos sustraerle a los tribunales la interpretación individual de los casos en favor de una justicia basada en criterios sociológicos o en meros prejuicios que siempre se basan, ambos: criterios y prejuicios, en la importancia del número.

Ahí tenemos a nuestro Parlamento erigiéndose en corte de arbitraje de la comercialización de participaciones preferentes, en el intento de que las calificadas como cláusulas abusivas por ninguna autoridad competente queden derogadas sin un acto legislativo que clarifique el asunto, o el cambio retroactivo de la legislación hipotecaria con el argumento de que es una legislación muy antigua. Este último argumento, el de que una regulación determinada lleva muchos años en vigor, merece una reflexión aparte.

Una regulación antigua, precisamente por antigua, debe hacernos pensar que no debe ser tan mala cuando durante tanto tiempo ha respondido a las necesidades sociales. La normativa necesita tiempo para desplegar sus efectos y no puede estar en todo momento adaptándose a los tiempos porque el tiempo cambia todos los días.

Por último, la gran fuente de inestabilidad legal son las autoridades. Ahí tenemos el caso chipriota. No es sólo la indecisión que han demostrado en el mismo, sino el poco respeto que han demostrado a la regulación de las que ellas mismas se han dotado, muy probablemente porque se piensan todopoderosas porque tienen la capacidad de cambiarla y con ello creen que la realidad. La realidad, sin embargo, es tozuda y choca con el voluntarismo si no está basado en la verdad.

Necesitamos pues un marco permanente en lo legal y actuar como si creyéramos, si no creemos, en los principios que informan las sociedades libres: la responsabilidad individual de los actos o, lo que es lo mismo, la libertad. La gran amenaza para la banca, el sector en el que pervive con más fuerza los principios de la planificación central soviética, es este: su incardinación dentro del sector público.

Dicha incardinación se está llevando a cabo, como hemos indicado, por varias vías: la toma de control como modo de salvar las entidades ineficientes por parte del Estado y una regulación permanentemente en mutación, fenómenos que hacen cada vez más dependiente la dirección de las entidades de la del Estado, así como la necesidad del Estado de financiar permanentemente sus déficit, lo que ha convertido a este último en un rehén, a su vez, del sector financiero.

Necesitamos romper esta conexión si queremos asegurar la viabilidad de las entidades bancarias que sólo podrán hacerlo si son fieles a su objeto social: la canalización del ahorro a la inversión productiva.