sábado, 6 de octubre de 2012

El 'Banco malo' y los precios correctos

Nos decía hace un par de días el señor de Guindos que el Banco Malo abaratará el precio de la vivienda. Es verdad, pero para abaratar el precio de la vivienda no nos hace falta dicha institución sino sólo dejar actuar a las fuerzas del mercado. Las entidades tienen muchos inmuebles que no les rentan nada y, además, les generan costes, por lo que lo razonable es que los vayan vendiendo no a lo que dicen, o dijeron, que valen, sino a lo que les quieran dar por ello los adquirentes. Hasta ahora el mercado no ha funcionado, como solución a esta acumulación de activos en las manos de los bancos, simplemente porque no se le ha dejado funcionar.

No cabe duda de que el señor de Guindos, en su corta trayectoria como Ministro de Economía y Competitividad, lo ha intentado con alguna de sus medidas pero, al final, le ha podido eso que llaman la faceta de hombre de Estado, que no es sino como llamamos al temor que infunde siempre la libertad de los agentes económicos en nuestras autoridades. Los dos primeros reales decretos leyes aprobados por iniciativa del ministro iban en la buena dirección para corregir la actitud de algunas entidades.

En concreto dichas normas forzaban, mediante el obligado reconocimiento contable de unos fuertes deterioros en las carteras de inmuebles adjudicados, a vender dichos inmuebles como modo de reducir sus pérdidas. Al fin y al cabo, mantenerlos en balance, evitando la venta, ya no era una estrategia que permitiera no reconocer las pérdidas y si, por casualidad, el mercado valoraba más los activos adjudicados que lo que lo hacían dichos reales decretos-leyes, la venta generaba beneficios. Las normas se complementaban con plazos que, por motivos fiscales o contables, incentivaban, además, dichas ventas.

Sin embargo, el Gobierno se despachó con un tercer real-decreto ley por el que creaba una Sociedad de Gestión de Activos (SGA) bajo la órbita el FROB. Sociedad a la que las entidades necesitadas de ayuda pública debían aportar sus inmuebles. Esta SGA, el banco malo, se pretende ahora capitalizar en más de un 50% con capital privado para evitar que su deuda compute como pública. La SGA, por lo que anticipan las autoridades, pretende realizar la liquidación de los activos que adquiera en un plazo de quince años, lo que evitará una caída brusca de los precios de los inmuebles a diferencia de lo que cabía pronosticar que sucedería si no se hubiese optado por su constitución, la de la SGA, y se hubiese dejado a las entidades en la necesidad individual de liquidar rápidamente sus activos adjudicados.

La nueva situación es una vuelta parcial a la que intentaron desmontar las dos primeras medidas de De Guindos. Entonces, las entidades con más dificultades retenían los inmuebles para evitar enfrentarse a los precios que el mercado comenzaba a ofrecerles. Además, la ausencia de transacciones suficientes impedían la tasación de los bienes y, por tanto, sus valoraciones contables eran más difícilmente discutibles, aunque todos tuviéramos el convencimiento de que no eran correctas.

Sin embargo, como he argumentado en esta tribuna con anterioridad, la entrada de capital privado en la SGA sólo puede producirse si las compras están hechas a precios correctos o si, los capitalistas, adquieren sus acciones en dicha SGA a precios de favor. Ningún aportante privado de capital va a estar dispuesto a entrar en la sociedad para obtener una rentabilidad que, aunque sea positiva, sea inferior a la que corresponde a las características de la operación. Tal vez por eso, también se ha hablado de que estos socios del Gobierno en el Banco Malo puedan aportar sus propios adjudicados: la compensación al buen precio pagado a las entidades en dificultades o se hace extensiva a los accionistas en el precio al que adquieren sus acciones o se les hace en el precio que se les paga por los inmuebles que aporten.

No hay otra solución. Lo demás es querer chupar y soplar a la vez, lo que es a todas luces imposible.
Las inconcreciones que respecto del Banco Malo se achacan al Gobierno vienen de esta intención de buscar objetivos incompatibles: una liquidación de los activos dañados en condiciones distintas de las de mercado que no sean asumidas en su totalidad, ni por las entidades beneficiarias de ayuda pública, ni por el Estado. No es que el mercado no funcione, sino que no funciona como quieren las autoridades. La finalidad del Estado puede ser redistribuir riqueza, pero la de las entidades privadas no. No se empeñe señor Ministro, usted lo sabe bien: no hay círculos de cuatro lados.

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