viernes, 27 de julio de 2012

Parar, templar y mandar

Los españoles contemplamos atónitos a nuestras autoridades que, claramente, no nos sacan del marasmo económico en el que estamos. Es posible que, como insisten, no fueran ellas las que nos introdujeron en el mismo, pero lo que no podrán negar es que siempre aseguraron que nuestro bienestar económico dependía de su actuación, y está claro que no lo están logrando.

El Gobierno de la Nación no hace más que adoptar muchas medidas coyunturales en un mundo impaciente que pretende que las cosas se arreglen de manera inmediata. Todos los días se asoma al balcón del mercado, y con él los españoles, toma la temperatura y descubre que el calor, medido por la prima de riesgo, no para de subir, lo que le deja el alma helada. Comienzan unos a desconfiar del Gobierno, porque no acierta con las medidas; otros a caer en el desánimo, porque a los mercados o a la Unión Europea, hagamos lo que hagamos, nada les place. No se trata de que el Gobierno intente medidas todos los días para ver si acierta con las que nos solicitan nuestros acreedores internacionales. Se trata de que diagnostique bien el problema y lo ataje.

La visión de corto plazo que constriñe a las autoridades, porque no tienen literalmente para pagar la próxima nómina, les impide comprender que el problema es de más alcance. La clase política, además, tampoco quiere grandes cambios, porque se empieza votando una Ley de Reforma Política y terminas, como les paso a los Procuradores en Cortes en 1975, perdiendo el empleo.

España no puede sostener el Estado que tiene. Subir el IVA, quitar la deducción por adquisición de vivienda habitual, aumentar las retenciones a los autónomos y profesionales liberales, quitarle una paga extra de manera temporal a los funcionarios o incrementar temporalmente el régimen de provisiones bancarias no son reformas estructurales. No son reformas que vayan a asegurar a nuestros acreedores que seremos capaces de pagar nuestra deuda y no podemos dejar de pagarla porque todos los meses ya nos prestan dinero, no sólo para que les paguemos sus intereses, sino para que hagamos frente a otros gastos que no alcanzamos a cubrir con nuestros ingresos.

Tendremos que plantearnos la organización territorial del Estado: el Título VIII de la Constitución de 1978. No se trata de recentralizar, aplicando la teoría pendular de la Historia, aunque tampoco de no recentralizar. Se trata de ser coherentes con nuestra historia y las Comunidades Autónomas no tienen nada de históricas, ninguna de ellas, sino que son un invento muy moderno que nos ha salido muy mal, como casi todo lo que no está basado en ese proceso de prueba y error con el que se calibran las instituciones.

Tendremos que plantearnos cuál es la provisión de bienes y servicios que podemos y queremos costear con impuestos y cuál la que queremos costearnos directamente. Está claro que hay bienes y servicios que sólo el Estado puede producir y proveer: la Justicia y la Seguridad, interior y exterior. Lo demás no tiene por qué hacerlo. Ni siquiera se lo exige la Constitución actual. La Constitución de 1978 sólo le pide al Estado que asegure a los más desfavorecidos el acceso a determinados servicios, pero no que se los provea ni que los produzca.

Entre tanto, las reformas coyunturales que pudieran entenderse como señales de que se van a afrontar las estructurales deberían haber afectado a estos dos aspectos: organización territorial y bienes y servicios públicos. Algo ha habido de las segundas, que afectan al ciudadano, y nada de las primeras, de las que vive la clase política.

La otra gran reforma es la del Sistema Financiero pero en ella está más imbricada la comunidad internacional. No podemos seguir manteniendo un sistema bancario sometido a la planificación central soviética de un banco central. Un sistema bancario que financia los déficit públicos sin límites y las burbujas especulativas que, en aras del pleno empleo, siempre temporal, son favorecidas por la planificación central de la economía por parte de los gobiernos.

Al final las autoridades son corresponsables de los errores de los banqueros y, en cualquier caso, necesitan de los mismos para financiar el déficit y los bancos del privilegio legal que supone poder crear dinero de la nada a partir de una primera simiente que le da el banco central.

Las autoridades españolas y europeas parecen eso que llamamos un pollo sin cabeza. Eso no calma ni a los mercados ni a los ciudadanos. España, sabe que delante de un toro no hay que correr, aunque parezca lo más prudente, sino parar, templar y mandar.

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