De Guindos se ha puesto duro

Entre los tópicos instalados en las discusiones sobre cómo salir de la crisis, siempre aparece el de la necesaria reforma del sistema financiero. El sistema financiero español ha cambiado de manera muy profunda, pero no por cambios legislativos, sino por la fuerza de unos hechos que han imprimido urgencia a la actuación de los dos últimos Gobiernos. El número de entidades se ha reducido fuertemente dentro de la estrategia estatal de apoyo y concentración a las que tenían problemas, pero sin un cambio en el marco básico en el que operan las entidades. La llamada segunda reforma del sistema financiero del actual Gobierno,RDL18/2012, tampoco cambia dicho marco básico, sino que pretende, completando la que había hecho hace apenas tres meses, dinamizar el mercado inmobiliario, totalmente parado y que tanto afecta a la situación de las entidades.

De todos es conocido el alto volumen de inmuebles que el sector tiene, lo que genera un doble problema: son activos no rentables, a diferencia de los activos crediticios típicos de la banca, y, además, su tenencia genera un coste. Por otro lado, la valoración de dichos inmuebles es un problema para evaluar la solvencia de las entidades, problema agravado por el comportamiento de algunas de ellas y que ahora el Gobierno pretende solucionar para desbloquear la situación del sector. En concreto, se venía diciendo que los importes de los inmuebles en los valores de las instituciones no reflejaban su verdadero valor. Lo cual era cierto, pero también lo es que en ausencia de transacciones era imposible conocer cuál era dicho valor.

En esta situación, muchas entidades han preferido sostener sus carteras ante el temor de que si comenzaban las ventas no sólo contabilizarían pérdidas por las operaciones que cruzasen, sino que aparecerían precios testigos que permitirían valorar dichas carteras. Esta inmovilización de recursos no ha hecho más que generarles problemas de liquidez al ritmo de los vencimientos de su deuda en los mercados y las retiradas de depósitos de los particulares, que no pueden acceder al crédito. Sin embargo,han preferido aguantar estas dificultades en espera de mejor momento para vender con grave riesgo para todo el sistema de pagos. Llegados aquí, el Gobierno pretende aclarar esta situación forzando a las entidades a la venta de los inmuebles como modo de clarificar su solvencia y solucionar, en lo posible, los problemas de liquidez.

El Ejecutivo, con buen criterio, ha venido a decirles a las entidades que si están muy endeudadas y no tienen otra fuente de liquidez, tendrán que vender los inmuebles, aunque los precios no sean los mejores ahora mismo, como hace cualquier empresa en esta situación. De paso, el Gobierno se ahorra que la liquidez la busquen vendiendo las carteras de deuda pública española,que han crecido fuertemente en los últimos años, y que se le dispare aún más la prima de riesgo. A cambio, las entidades que puedan a llegar a tener serios problemas tras estas ventas, gozan del compromiso estatal de acudir en su rescate. Así el recienteRDL18/2012 completa y complementa el anteriorRDL2/2012, valorando contablemente muy a la baja los inmuebles, enel convencimiento de que los desconocidos precios de mercado estarán por encima de dichas valoraciones y a las entidades les compensará vender.

Para favorecer las operaciones de compra venta, el Ejecutivo aprueba una serie de medidas fiscales y de apoyo de la figura del arrendador, así como la creación de las sociedades para la gestión de activos (SGA)que, por la forma que se les ha dado,no podrán utilizarse como modo de eludir la contabilización de los deterioros en los balances. Estas SGA, además están forzadas a ir reduciendo su cartera inmobiliaria a un ritmo impuesto por la nueva norma y a dejar de estar controladas por sus entidades fundadoras, en ambos casos cuando estas últimas hayan recibido ayuda pública. De Guindos, aunque haya abjurado de su liberalismo y vaya a ayudar a las entidades que lo necesiten, no cabe duda de que se ha puesto duro: de hecho ha ampliado el catálogo de infracciones graves y muy graves. Saltarse este real decreto ley lo es.