miércoles, 4 de abril de 2012

Hispabonos

La idea de los hispabonos les suena a muchos como la solución a los problemas de refinanciación de la deuda de las Comunidades Autónomas, que vienen emitiendo a tipos de interés especialmente muy altos. En principio habría dos maneras de instrumentar la operación: una en la que se respeta los diferenciales de primas de riesgo de cada Comunidad y otra que haría tábula rasa de las mismas.

En la primera, lo razonable sería que cada región española emitiera unos bonos a los tipos de interés que el mercado le viene exigiendo y aportase los mismos a un fondo. El fondo, que gozaría de la garantía del Estado, emitiría a su vez bonos que se colocarían entre los inversores. El tipo de emisión de estos nuevos bonos vendría a ser el de la Deuda Pública del Reino de España, sensiblemente inferior a la media ponderada de la de los títulos aportados al fondo. De este modo, el fondo obtendría un beneficio por la diferencia entre el tipo medio de su cartera de títulos autonómicos y el tipo de interés a que se endeuda. Este beneficio remuneraría al garante por el aval prestado. Sin embargo, desconocemos cuanto se elevaría la prima de riesgo del resto de la deuda emitida y avalada por el Estado. La elevación de esa prima de riesgo sobre el total del resto de la deuda pública en circulación, sería un coste que podría superar al beneficio de dicho fondo. Así, finalmente, se produciría un traspaso de renta desde el Estado a las Comunidades Autónomas cierto pero de muy difícil cuantificación.

La segunda modalidad no requiere que el Estado cree un fondo de emisión, aunque podría hacerlo de todos modos, puesto que todas las Comunidades pagarían el mismo tipo por la financiación que captasen. La Administración Central emitiría, directa o indirectamente, a dicho tipo medio más, en su caso y si lo cree conveniente, un diferencial con el que resarcirse del aval prestado. El problema sería de nuevo el mismo: el beneficio aparente por prestarse a dar garantía a la financiación regional podría no compensar del encarecimiento que sufriría el resto de la deuda pública estatal. Probablemente, y al igual que en el caso anterior, no compensaría, además de los problemas de cuantificación de dicho encarecimiento.

En ambos casos, dejo para la discusión entre los responsables de las finanzas autonómicas cuál debe ser la prima de riesgo que debe pagar cada Comunidad, en el primer caso, o sobre el tipo medio que deben pagar todas. Las entidades regionales con mejores cuentas públicas podrían decidir no acudir al mecanismo de los hispabonos porque ni un tipo medio igual para todas ni el mismo diferencial como coste del aval, igualmente para todas, les parecería justo. Finalmente el Estado, como en todos los sistemas de garantía recíproca, podría quedarse avalando a los peores. La solidaridad no es algo que esté muy en boga entre las regiones de España.

El Estado de las Autonomías es uno de los problemas a los que nos estamos enfrentando en esta discusión sobre el redimensionamiento que conlleva la crisis económica actual. Todas las soluciones que pasen por las cuentas del Estado enmascaran los verdaderos costes que los entes autonómicos generan al ciudadano y, por tanto, sobre la viabilidad de los mismos en las condiciones actuales. El Gobierno central debe asumir la autoridad que le corresponde en la imposición de disciplina a los presupuestos regionales. Eso puede hacerlo de dos maneras también. Una sería directa, mediante el establecimiento de unos parámetros objetivos que de ser traspasados supondrían la suspensión de la autonomía financiera de las Comunidades Autónoma. La otra sería indirecta, abandonando a estas últimas a su suerte en los mercados de capitales. Lo uno o lo otro. La autoridades regionales tienen que aceptar que o son parte de España o lo son del mundo, pero no pueden seguir actuando como si fueran entes al margen de la realidad. No es otra cosa la responsabilidad, esa palabra tan manida por nuestros políticos.

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