El día de la marmota

A la espera de lo que ponga el BOE, la anunciada reforma del sistema financiero anunciada ayer por la tarde por el ministro de Economía, señor de Guindos, no es para tanto. Pero en este caso, no sólo porque nuestras expectativas no hayan sido colmadas, lo que es difícil cuando todas las semanas se juega el partido del siglo, sino porque en muchos aspectos es un poco más de lo mismo y porque, en otros, habría bastado con cumplir con la ley y con las amplias facultades que la normativa en vigor da a la actuación discrecional de la supervisión bancaria.
Comienzo con el mal llamado, desde un punto de vista técnico, aumento de las provisiones, que no son otra cosa que el importe que  las entidades reconocen como perdidos en las inversiones, en este caso las ligadas al sector inmobiliario. Las autoridades exigen ahora 50.000 millones de euros adicionales en este reconocimiento: el del aumento de las  coberturas por deterioro de activos, empleando bien el lenguaje técnico, o lo que es lo mismo: de las pérdidas contabilizadas por las entidades. Dicho de otro modo: la normativa contable no se estaba aplicando correctamente, porque de haber sido así, ese quebranto ya estaría reconocido. No hace falta modificar las exigencias de cobertura, como se anunció ayer, sino simplemente aplicar la legislación en vigor.

El supervisor tiene mecanismos suficientes en la regulación contable y en la de recursos propios para haber exigido a las entidades la contabilización adecuada de estos quebrantos, pero eso sí: a cada entidad los suyos y no una norma que rezuma un cierto carácter genérico al elevar los porcentajes que todas las instituciones, de manera idéntica, deben aplicar a determinados  tipos de activos para el reconocimiento del deterioro de los mismos. El igualitarismo es injusto, como bien nos recordaban esta semana muchos banqueros al presentar sus resultados de 2011.

Por otro lado, el no reconocimiento pasado de estas pérdidas ha debido contar no sólo con el apoyo del supervisor, sino también de otros muchos agentes como los auditores, encargados de velar por la bondad de la información. Sin embargo, el enfado es con las agencias de calificación que parece que bajaban las calificaciones sin motivo y, tal vez, lo tenían: la información no era buena. Al margen dejo el tema de que esta pérdidas se periodifiquen contablemente en dos años en determinadas circunstacias, lo que no tiene sentido si se han producido, o que parte de ellas no afecten a la cuenta de resultados, es decir al dividendo de los accionistas. El Gobierno reconoce, y así también lo creo, que una correcta valoración de los activos mejorará el acceso de las entidades a la financiación en los mercados y la liquidabilidad de los activos ligados a lo inmobiliario pero, insisto, para alcanzar esa buena valoración sólo había que cumplir la norma.

Luego está un más de lo mismo: la concentración sectorial en base a unos planes de viabilidad que deben ser presentados antes del 31 de mayo y aprobados por el Gobierno y hablar de la buena gobernanza y comprometerse al aumento del crédito y bla, bla, bla…¡Me recuerda tanto al Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero, que aprobó el anterior gobierno, que, de repente, he caído: es que el 2 de febrero, día del anuncio de la última reforma, es el Día de la Marmota.