martes, 21 de septiembre de 2010

La vivienda y el intervencionismo público

Una promotora catalana ha anunciado que ofrecerá, en breve, viviendas de ochenta y cinco metros cuadrados a un precio que no superará los noventa mil euros. Es decir, poco más de mil euros el metro cuadrado, y ello en un municipio como el de Sabadell. Digo esto, porque en España hay pequeñas capitales de provincia donde el precio está por debajo de ese nivel. La noticia es buena, pero no debe confundirnos. El precio de la vivienda no es elevado por los costes de construir. Es muy plausible que estos promotores los abaraten aún más como modo de facilitar el acceso de la población a la vivienda, en propiedad o en alquiler. El precio elevado alcanzado por este bien no ha sido consecuencia de los costes, sino de dos políticas públicas, de las denominadas de demanda -que tanto gustan a los ecoprogresistas-, y de la voracidad fiscal de las administraciones locales.

La vivienda ha subido mucho de precio como consecuencia de la facilidad crediticia de los bancos centrales, animados por los gobiernos. Esta es la primera política de demanda. La segunda, que ha incidido menos, han sido las deducciones fiscales a su adquisición, que ahora se plantean abandonar en muchos lugares del mundo incluido los Estados Unidos. La voracidad fiscal de las administraciones locales ha obrado en España, donde los ayuntamientos han creado una escasez artificial de suelo que ha elevado su precio, y que les ha permitido ganar mucho dinero como grandes tenedores de suelo que eran y, sobre todo, como dueños del sello de recalificación del mismo, porque un suelo no calificado como urbanizable no tiene un gran valor.

En España, además, tenemos el problema del mercado laboral, pues en los mejores momentos del ciclo económico teníamos dos millones de trabajadores en paro, lo que no nos impidió reclamar cinco millones de trabajadores extranjeros que, al llegar, buscaron vivienda. Es decir, el problema de construir no eran sus costes (aunque pueden llegar a serlo) que, una vez excluido el suelo, eran ya bajos, no más de quinientos euros por metro cuadrado en unas calidades sencillas pero dignas. El problema es la costumbre de las autoridades de fijar objetivos plausibles, es decir, que todo el mundo pueda tener una vivienda o una vivienda mejor de la que ya tiene, interviniendo en todos los mercados: el de suelo, el laboral, el de crédito, el de servicios públicos… y en todos a la vez.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.

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