Lo discutible de las ayudas

Pues el presidente Obama nos anuncia un plan estímulo contra el desempleo con los 135.000 millones de dólares que no se han consumido en las ayudas a la banca. Ya ven que con lo que no le ha hecho falta para ayudar a su sector financiero, el gobierno de los Estados Unidos pretende ahora solucionar el problema del desempleo que le ha subido hasta el 10%. Una cifra que en España es un lujo pero en Estado Unidos, una catástrofe. Podríamos hacer demagogia de la que gusta a la ecopogresía: para los parados las migajas de la banca, pero no, porque, tal vez, puestos a ayudar, ése era el orden que había que seguir aunque parezca duro.

Continuamos. En España también hemos aprobado importantísimas ayudas para la banca, especialmente para las cajas de ahorros, algunas de las cuales no se están ni utilizando, porque los políticos locales prefieren una caja muerta bajo su control que viva bajo el control de otro. Pero eso no es lo que me interesa ahora. En España, han desaparecido el 10% de las empresas en los dos últimos años mientras el Gobierno, como el norteamericano, ayudaba a la banca. Podríamos volver a hacer demagogia sobre el absurdo aparente que supone ser el abanderado de los humildes que ayuda a los ricos, pero no, porque en Economía sabemos que las cosas no son así de sencillas.

Así de sencillas, y de burdas, suelen creer que son los sindicatos. Lo que es discutible en sí mismo es la ayuda, no el orden en que se aplica: primero a los bancos y luego a los parados. Los gobiernos no han dejado caer a los bancos pero sí a otro tipo de empresas, y ahora quieren acudir en rescate de los desempleados que la caída de las empresas no financieras ha producido. Sin embargo, sí vamos a criticar esta discriminación entre sectores y tamaños de empresas que han supuesto las ayudas públicas que, además, generan perturbaciones económicas basadas en el favoritismo o, dicho de otro modo, en la capacidad de interlocución de un agente económico. Así, el que puede hablar con el Gobierno puede hacerle ver su problema, y el que no, no. Algo parecido a lo que ha pasado en España recientemente con los agricultores y los creadores musicales.

Cualquier ayuda pública es, pues, una injusticia, y convierte a nuestro sistema político en un artificio por el que unos pretenden que sus errores o su infortunio lo paguen los otros. Para algunos de estos casos el mercado ya ha inventado un modo que no genera injusticia, porque no está basado en la violencia institucional: el contrato de seguro. El Gobierno no puede asegurarnos todo, gracias a Dios, y cuando lo pretende no causa más que injusticias.

Y admítanme un consejo: desconfíen siempre del Gobierno.